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Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos 

 

Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP).

El 23 de junio de 2003 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en adelante también se hará referencia a dicha ley como LAECSP. La finalidad de la iniciativa legislativa es la promoción del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las relaciones ordinarias entre los ciudadanos y las diferentes Administraciones Públicas.

De esta manera, el ciudadano adquiere el derecho a la posibilidad de realizar trámites con la Administración aprovechando los medios electrónicos disponibles. Automáticamente, la Administración recibe la obligación de proporcionar los servicios necesarios para el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, en cuanto a la posibilidad de realización de gestiones administrativas se refiere.

En la mencionada LAECSP, se establece una regulación acerca de las formas de autentificación de identidad de usuarios, ya sean éstos ciudadanos, entidades o empresas. De esta forma, se regula el uso de la firma electrónica y del DNI electrónico como medios para el cumplimiento de estas tareas identificativas.

Con la confirmación de estas nuevas herramientas electrónicas se abren oportunidades de diferente índole:

      Espaciales. Cualquier individuo con acceso telemático a los servicios de la Administración electrónica podrá hacer uso de las aplicaciones, independientemente del lugar en el que se encuentre.

      Temporales. Cualquier trámite puede desarrollarse las 24 horas del día, los 365 días del año.

Por otra parte, la presente norma ofrece la posibilidad de regulación autonómica, siempre que ésta sirva como desarrollo y sin que se produzca conflicto, ya que se debe preservar el tratamiento común a todos los ciudadanos. Ante la previsión de adaptación a las nuevas demandas generadas por los ciudadanos, se amplían las relaciones telemáticas contempladas en la Ley 30/1992.

El reconocimiento del derecho de los ciudadanos a acceder electrónicamente a las Administraciones Públicas ofrece nuevos planteamientos relativos a la protección y privacidad de los datos que estén en posesión de la Administración. Sin embargo, la regulación establecida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, debería ser suficientes para su correcto uso y amparo.

Por otra parte, es necesario crear los puntos de acceso que se estimen necesarios para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios telemáticos.

Para defender los buenos usos y mejorar las prestaciones de la Administración electrónica, la Ley menciona la creación de una nueva figura, la del Defensor del Usuario. No obstante, para el correcto desarrollo de la Ley, también se menciona la importancia de las empresas, ya que estas deben suponer un importante apoyo mediante la implantación de tecnologías y procesos que adapten al ciudadano a las características de los procedimientos electrónicos.

Finalmente, cabe destacar la importancia de las nuevas formas de identificación y autenticación, tanto de los ciudadanos, como de los documentos expedidos y solicitados. De esta forma, el DNI electrónico cobra una especial relevancia, al ser la herramienta imprescindible que lleva a la plena incorporación de los procedimientos y trámites administrativos electrónicos. Para su correcto uso fue creada la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma electrónica, en la cual ofrece autenticidad a los documentos electrónicos. Sin embargo, existen otras formas de identificación a través de la expedición de documentos de firma digital, tales como claves de acceso, certificados de acceso seguro, intercambio de información en entornos electrónicos seguros, etc.

LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.